El Senado aprobó ayer en segunda lectura el Proyecto de Ley sobre la Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito.
La pieza establece en su artículo 3 que los funcionarios obligados a declarar, deben, dentro de los 30 días siguientes a su designación o elección, presentar un inventario certificado por un Contador Público Autorizado y jurado ante notario público, de los bienes que constituyen su patrimonio y el de su cónyuge o compañero permanente, si lo tuviere.
La iniciativa es de la autoría de los senadores Francisco Domínguez Brito y Charlie Mariotti.
Previo a su aprobación, Domínguez destacó que el Senado tomó una decisión transcendente con la sanción de esta importante pieza.
El proyecto de ley busca promover la gestión ética y proveer a los órganos públicos de control e investigación de la corrupción administrativa de las herramientas normativas que les permitan ejercer sus funciones de manera eficiente